Desde que en julio de 1989 fue creado el Seprona, este servicio ha practicado, de media, la incautación de un animal salvaje cada seis horas.

Miguel Angel Valladares, portavoz de Adena, explicó hoy a Servimedia que "la mayoría de las incautaciones responden a inspecciones en zoológicos u otro tipo de instituciones similares, que o bien no están ni dadas de alta como tales instituciones zoológicas, y por lo tanto todos los animales que stán ahí están ilegalmente, o bien los ejemplares que exhiben están indocumentados y han entrado de contrabando".

El tráfico ilegal de especies mueve anualmente en el mundo unos 500.000 millones de pesetas, según algunas de las estimaciones realizadas.

En España, el precio de un chimpancé en el mercado negro puede alcanzar los dos millones de pesetas y el de algunas especies de aves tropicales los tres millones.

A juicio de Valladares, "en nuestro país esta actividad se practica impunemente,viólandose continuamente el Convenio de Washington (Cites) sobre tráfico de especies amenazadas de fauna y flora silvestre".

POCO ARRIESGADO

Los conservacionistas insisten en que "es mucho más rentable para los traficantes continuar ejerciendo este trabajo, ya que obtienen mucho dinero y es poco arriesgado, puesto que no está tipificado como delito".

Según Adena, después del tráfico de drogas, el de especies protegidas es el más rentable, "con la diferencia de que el primero se realiza clandestnamente y en el segundo los traficantes salen impunemente".

El informe del Seprona no contempla ninguna actuación en La Rioja, Navarra y Extremadura. El 22,7 por ciento del total de incautaciones tuvieron lugar en Madrid, el 14,5 en Canarias y la cuarta parte en Cataluña, Levante y Baleares.

Del total de especies incautadas, unas 1.300 eran aves exóticas, alrededor de 900 mamíferos pequeños y aproximadamente 700 reptiles y anfibios.

Los especímenes confiscados son muy variados, ya que hay dede leones, monos y aves exóticas hasta marfil, pieles, cráneos, conchas de tortuga, cabezas, barbas y dientes de ballenas y picos de aves.

Uno de los principales problemas que existen para poder ejecutar correctamente este tipo de actuaciones es encontrar un lugar adecuado para la estancia temporal de los animales aprehendidos.

Miguel Angel Valladeres recordó que, en muchas ocasiones, los ejemplares confiscados deben permanecer en el mismo sitio en el que se realiza la incautación, "por lo que su responsables a menudo continúan ganando dinero aún después de la acción policial".

La organización ecologista insiste en que las autoridades españolas "no han dado el paso definitivo para que nuestro país deje de ser visto internacionalmente como un Estado que incumple los convenios internacionales, como lo demuestra el proceso legal comunitario que, por incumplimiento del Cites, se abrió en 1990 y que aún sigue en vigor".