Los últimos arrestados, 3 en Sevilla y 16 en Málaga, defraudaron presuntamente más de 300 millones de pesetas después de habe justificado fraudulentamente una molturación de unos 10 millones de kilos de aceituna. Esta cantidad es la que corresponde a 2 millones de kilos de aceite que no llegaron a producirse y por los que solicitaron ayudas a la Unión Europea.

La operación comenzó en febrero de 1999, tras la denuncia formulada por la Agencia para el Aceite de Oliva, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el supuesto cobro irreguar de subvenciones.

En las denuncias se hacía constar que el fraude estaba localizado en almazaras de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Almería y Sevilla, donde se expedían certificados de molturación de aceituna en cantidades que no se ajustaban a las reales, falseando datos para cobrar las ayudas correspondientes.

En una primera fase, la Guardia Civil investigó a más de 200 agricultores, todos ellos relacionados con una almazara de Granada, aunque posteriormente se inspeccionaron otras almazaras e Jaén, Almería, Córdoba, Sevilla y Málaga.

CERTIFICADOS FALSOS

A través de la "Operación Oliva", la Guardia Civil ha puesto al descubierto una trama donde algunos oleicultores presentaban certificados de producción falsos, se han detectado parcelas donde no existían olivares plantados o cuando los había eran de muy baja producción y se han localizado casos donde incluso se justificaba una plantación en zona pantanosa y en caminos de servidumbre.

Para estas prácticas fue necesaria la connivenci entre los almazareros y los oleicultores implicados, para lo cual se manipularon apuntes contables y fiscales. También se ha descubierto que se emitían certificados de entrada y molturación de aceituna que, en realidad, nunca llegaron a las almazaras. Posteriormente solitaban la ayuda comunitaria por unos kilos de aceituna inexistentes.

Además, la Guardia Civil ha detectado la existencia de tramas financieras creadas para cobrar las subvenciones sin dejar rastro, mediante la creación de sociedades qu al poco tiempo desparecían y que cambiaban con frecuencia de nombre y de gerente.

La organización no sólo actuaba en Andalucía, ya que tenía ramificaciones en otras provincias, como Badajoz, Toledo o Cantabria. Algunos de los detenidos están implicados en otros hechos delictivos, como es el caso de E.C.P., de Jaén, que el año pasado fue puesto a disposición judicial por su implicación en el caso del Principado de Sealand.

Según informó hoy la Dirección General de la Guardia Civil, a partir de ahra comienza una nueva fase de la "Operación Oliva", en la que se seguirá investigando para el total esclarecimiento de los hechos.