Los hechos ocurrieron en el término municipal de Agulo (Tenerife), durante las últimas elecciones generales, celebradas el 3 de marzo de 1996.

El Supremo considera probado que el guardia civil condenado, que tenía órdenes expresas de permanecer en el colego electoral hasta la conclusión de la jornada, pidió a un subordinado que le relevara en la vigilancia de la mesa electoral que tenía asignada, con el fin de ir a votar.

Pasadas más de dos horas del relevo, el guardia civil regresó y aparcó el coche en un lugar que impedía la entrada y salida de vehículos y se fue a un bar con el subordinado que le sustituyó. Poco después, éste le advirtió de que había un conductor que tocaba insistentemente el claxon porque el vehículo del ahora condenado le impedía alir.

"Salió el expedientado con su carpeta de denuncias y procedió a extender al conductor, en presencia de los numerosos ciudadanos presentes en la plaza y en estado de notable excitación, dos denuncias [...] por no atender sus indicaciones y continuar tocando el claxon y por no utilizar el cinturón de seguridad", explica la sentencia.

Esta decisión provocó comentarios reprobatorios de las personas que se habían arrremolinado en torno al guardia civil, quien amenazó a los testigos con denunciares por una supuesta perturbación del orden público.

La aparición del teniente jefe de San Sebastián de la Gomera resolvió la situación, al garantizar que anularía las sanciones que había impuesto el guardia civil.

A juicio del Tribunal Supremo, el ahora condenado abusó de su autoridad, de forma que "los paisanos debieron sentirse atropellados". Asimismo, la sentencia estima que reaccionó de forma inadecuada al multar al conductor que se quejó del coche mal estacionado, cuando lo que debía haber hcho era retirarlo de donde lo había aparcado.

Según el Alto Tribunal, fue correcta la actuación del teniente jefe al elevar el caso a la Dirección General de la Guardia Civil, que castigó al guardia civil con 20 días sin sueldo, sanción que fue ratificada por el Tribunal Militar Central y, ahora, por el Tribunal Supremo.