Su misión consistirá en informar y proponer las mejoras necesarias para el desarrollo y seguimiento de los servicios, cuando la eficacia o demanda social lo requieran. La Guardia Civil pretende con esta iniciativa acercarse más a las necesidades de los ciudadanos.

Paralelamente, el instituto armado va a actualizar su despliegue territorial en siete zonas peninsulares y dos insulares, que funcionarán bajo la dependencia directa de la Subdirección Gneral de Operaciones.

La Primera Zona incluirá a las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid; la segunda, a Andalucía y las ciudades de Ceuta y Melilla; la tercera, a Valencia y Murcia; la cuarta, a Aragón y Cataluña; la quinta, a Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra; la sexta, a Castilla y León, y la séptima, a Galicia y el Principado de Asturias.

Aparte, existirán las zonas de Canarias-Santa Cruz de Tenerife y la de Baleares-Palma de Mallorca. El mando de cada unade ellas será ejercido por un general y en estas dos últimas recaerá sobre un coronel.

Para hacer más efectiva la remodelación, la DGC quedará estructurada en los siguientes órganos: Subdirección General de Operaciones, Subdirección General de Personal, Subdirección General de Apoyo, Gabinete Técnico y la Inspección General.