Los hechos que han dado lugar a la sentencia, hecha pública hoy, se remontan a 1940, cuando el popietario de la casa firmó un contrato de alquiler con el Ayuntamiento de Balmaseda para que fuese utilizada como casa cuartel de la Guardia Civil hasta 1991. Durante los 50 años, la renta fue pagada por la Dirección General de la Benemérita.

En 1991, el edificio fue devuelto al Ayuntamiento de Balmaseda, que a su vez lo entregó a sus propietarios, quienes, al ver los daños que los guardias civiles habían provocado en la vivienda, acudieron a los tribunales para exigir una indemnización al consistorioy al Estado.

El Supremo considera responsable al Ayuntamiento de Balmaseda, porque, como arrrendatario que era, tenía "la obligación de usar la cosa como un diligente padre de familia", custodiando la vivienda para devolverla "tal como la recibió".

Además, el Alto Tribunal estima que "la responsabilidad directa objetiva del Estado es indudable", ya que fueron los miembros de uno de sus Cuerpos y Fuerzas de Seguridad los que poseyeron el inmueble y causaron daños en él.

En este sentido, señal que "cuando el Estado actúe en relaciones de derecho privado, responderá directamente de los daños y perjuicios causados por sus autoridades, funcionarios o agentes, considerándose la actuación de los mismos como actos propios de la Administración".

Por estas razones, el Supremo condena al Ayuntamiento de Balmaseda y a la Administración del Estado a pagar de forma solidaria la indemnización que corresponda por los daños provocados en el edificio y "que no respondan a deterioro normal por razón del us del inmueble"

De esta forma, el Alto Tribunal amplía la condena dictada en su día por el juzgado de primera instancia de Bilbao, que castigó al ayuntamiento pero eximió a la Administración de cualquier responsabilidad.