Los portavoces de ambos grupos parlamentarios reprocharon al Gobierno que, a pesar de que la Constitución ya lo recogía, han pasado 14 años hasta que las Cortes han tenido en sus manos un proyecto legislativo de limitación del uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio de sus derechos.

A juicio de la senadora del Partido Popular Rosa Vindel López, el proyecto de ley no cumple el mandato constitucional porque al ciudadao "se le informa, pero no del todo; se le pedirá su consentimiento, pero no siempre; tendrá derecho al acceso, a la rectificación y a la cancelación de sus datos personales, pero no en todo momento".

Vindel López continuó señalando que "le protegerá una persona que goza de clara independencia, pero de origen legal y más que duduso origen real, y por si esto fuera poca cosa, la Policía puede saber su ideología, su religión, sus creencias, su origen racial, su comportamiento sexual y su salud cuando lo stime necesario, es decir, cuando quiera".

La senadora pidió al Grupo Socialista que "al menos" pusieran a las fuerzas de seguridad del Estado la condición de la autorización judicial previa.

El ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray, departamento que, en colaboración con Justicia, ha elaborado el proyecto de ley, no asistió al pleno, lo que fue subrayado en varias ocasiones por los defensores del veto.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la senadora aría del Carmen Cerdeira Morterero, tildó de "falacia" las afirmaciones de la oposición sobre que los ficheros públicos estaban menos controlados por la Administración que los privados y aseguró que el texto se adaptaba a las recomendaciones del Convenio del Consejo de Europa sobre la materia, ratificado por España en 1984.

Cerdeira Morterero afirmó que esta ley servirá de modelo a otros países, ya que son pocos más de 15 los estados que han regulado hasta ahora el uso de la informática para proteger os derechos de las personas.