Collado fue la encargada de dar curso a varias cartas en versión inglesa y española con las que el Ayuntamiento de Madrid pretendía avalar la competencia profesional de Luceño ante la empresa malasia dirigida por San Chin Choon, que era la suministradora del material que se pretendía comprar.

La responsable de Presupuestos pedía en esos escritos que la administración municipal acompañara esas cartas de muchos “sellos” y “banderas” para respaldar su credibilidad porque “los chinos son muy de eso”. Estos correos electrónicos fueron remitidos a la jefa de la secretaría del alcalde, Jose Luis Martínez-Almeida, y Engracia Hidalgo, la concejala delegada de Hacienda del Consistorio, a la que se refiere como ‘Engra’.

Según el contenido de un grupo de Whatsapp creado para la gestión de este asunto, la directora del Gabinete de Almeida dio el visto bueno a la misiva que acabó siendo firmada por el alcalde. Luceño acabó agradeciendo el envío de estas cartas que, según dijo, “están perfectas. Cartas y sellos”.

La propia Collado, en su declaración ante la Fiscalía, explicó que la búsqueda de material sanitario en lo peor de la pandemia era desesperada y que la carta firmada por el alcalde avalaba que los empresarios colaboraban con el Ayuntamiento de Madrid.

La causa, ya judicializada, sigue su curso. Además de las declaraciones de los empresarios y los responsables de contratación del Ayuntamiento quedaría por tomar declaración al empresario malasio que hizo la venta. En mayo del año pasado, el fiscal Luis Rodríguez Sol remitió una comisión rogatoria internacional para interrogar al CEO de Leno, cuya aportación será decisiva para saber si Luceño y Medina incurrieron en estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La declaración de Chin Choon es decisiva para comprobar si el empresario concedió a Luceño la condición de agente exclusivo de los productos de su empresa, puesto que esa condición está avalada en varios documentos aportados por el empresario y que el Ministerio Público sospecha que fueron falsificados.

La Fiscalía pidió al juez el embargo de unos 900.000 euros para satisfacer posibles responsabilidades civiles. El juez instructor ordenó el embargo de bienes de Medina pero el empresario sólo había dejado 247 euros en una de sus cuentas, que se inmovilizaron junto al yate que compró con la comisión cobrada por la operación de las mascarillas.

A la vista de la situación, la acusación del PSOE propuso que se le embargara parte de la herencia de su abuela, la duquesa de Medinaceli, que le ha sido asignada en una sentencia que todavía no es firme. Según el tribunal, el empresario debería recibir algo más de 4,1 millones de euros. Los hermanos Medina reclaman 20 millones de euros a repartir entre los herederos, pero la resolución del juez está recurrida, por lo que de momento no podrá ser embargada por el juez.