En su informe, la dirección del Grupo Socialista considera que el Gobierno está tratando de "despojar" y "subordinar" las atribuciones del Parlamento, intentando convertirlo en un "mero acompañante, pasivo y dócil, que se limita a refrendar sus actuaciones".

Además, le reprochan su negativa a celebrar el Debate sobre el Estado de las Autonomías,pesar de constatar "un deterioro en el funcionamiento de nuestro modelo de organización territorial como consecuencia de la radicalización de las posiciones de determinados grupos nacionalistas".

En este sentido, lamentan que declaraciones como la de Lizarra o Barcelona, y el "abierto cuestionamiento" del vigente sistema de financiación por parte de los socios parlamentarios del Gobierno no hayan sido suficiente para que ellos mismos permitan debatir sobre este asunto.

Dentro de las críticas al jecutivo, los socialistas incluyen su negativa a explicar en el Congreso los últimos cambios en el Gabinete, y concluyen que el proclamado viaje al centro del PP es sólo una "operación de marketing".

INICIATIVAS DEL PSOE

El informe incluye un recuento de las iniciativas del Grupo Socialista, desglosado en las 13 proposiciones de ley, 24 no de ley en pleno y 100 en comisión presentadas.

En cuanto al control del Gobierno, destacan su iniciativa, a pesar de la "obstrucción" a esta labor y sus "rasos de autoritarisno y de poco aprecio por los procedimientos democráticos en el ejercicio del poder".

Como respuesta a esta actitud, aseguran que han intensificado el control, con 2.323 preguntas escritas, 75 orales en pleno, 7 de ellas al presidente, 7 interpelaciones, y otras tantas mociones.

También destacan en el informe varios cuadros estadísticos en los que denuncian las ausencias de los miembros del Gobierno en los plenos de control, y la diferencia entre el número de preguntas presentadasy las respondidas por el Gabinete de José María Aznar.

Junto a estas iniciativas, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 14 recursos ante el Tribunal Constitucional contra las normas aprobadas por el Gobierno desde septiembre de 1996.