Los promotores de la inciativa sostienen que "ejercen un derecho quienes se niegan a participar en la guerra, desobedeiendo mandatos abiertamente inconstitucionales e ilegítimos".

"Este comité", dice textualmente el documento, "se compromete a dar la cobertura que, dentro del marco constitucional, posibilite la libertad de expresión a los insumisos y desertores. La asistencia legal concreta la prestarán los letrados y demás miembros del comité".

La convocatoria para la presentación del manifiesto, que se desarrolló en el salón de actos de los Juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, fue a cargo del Comité de Trabaadores y Profesionales de Justicia de Madrid contra la Guerra.

En dicha presentación intervinieron, entre otros conocidos profesionales del sector, José Vicente Chamorro y José Antonio Martín Pallín, fiscal y magistrado, respectivamente, del Tribunal Supremo.

"LOS SEÑORES QUE SE DEDICAN AL ASESINATO"

En su intervención, José Vicente Chamorro afirmó que "hay que acabar con esos señores que se dedican al asesinato, y además los condecoran".

"No se está cumpliendo", dijo más adelante, "una reolución de la ONU; se está asesinando en virtud de los intereses de una nación, Estados Unidos... Esto es una guerra del imperialismo contra el Tercer Mundo".

El fiscal del Supremo matizó que es el Tribunal de La Haya el que debería haberse convertido en juez de esta situación y no los Estados Unidos de América.

Por último, recordó que "además, se nos está negando el derecho de información y se nos quiere quitar la libertad de expresión. Ante esto hay que decir un no rotundo".

"VIOLENCIA INSTITCIONALIZADA"

Por su parte, Jose Antonio Martín Pallín manifestó que "no podemos permanecer indiferentes ante una situación de violencia institucionalizada a escala universal".

Para el magistrado del Tribunal Supremo, la coacción es un instrumento legítimo que puede utilizarse para restablecer el orden conculcado dentro de la comunidad de naciones. "Pero la fuerza tiene sus límites en el respeto a la vida", precisó.

El representante de los abogados, Teodoro Mota, después de aclarar que no pud subirse a la mesa de los oradores por "imposibilidad técnica", ya que de otra forma no se hubiera podido celebrar el acto, dijo que "la justicia española no puede juzgar tan duramente como está juzgando hasta ahora a quienes se niegan a matar", en alusión a los insumisos.

PARTICIPACION ESPAÑOLA

En el mismo manifiesto, el comité critica la posición del Gobierno español, del que dice que "está actuando ilegalmente, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 63.3 de la Constitución Española, que estabece: 'Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz'".

Los autores del comunicado estiman que la participación de nuestro Ejecutivo en el conflicto del Pérsico, que hasta la fecha parece haber consistido en permitir a la aviación norteamericana el empleo de las bases españoles para sus operaciones ofensivas contra Irak; en el envío de la "flotilla" de barcos, y en el apoyo económico para el sostenimiento del frente aliado, "quebranta la legalidad viente e implica a la población española en una guerra no deseada".

Finalmente, el documento plantea al Gobierno una serie de exigencias que los firmantes basan en estos tres puntos: retirada del contingente militar español, cese de apoyo estratégico económico y la no adopción de medidas que impliquen a los ciudadanos españoles en la guerra.