Tras la recepción del informe, el Gobierno lo analizará y escuchará la opinión que sobre el mismo tengan las asociaciones de autónomos, las organizaciones empresariales y sindicales y los gobiernos de las comunidades autónomas.

A partir de ahí, procederá a elaborar un anteproyecto de ley que regule un sistema de protección por cese involuntario de actividades de los autónomos.