La demanda, que es extensiva a Carlos Navarro, Josep María Sala, Luis Oliveró, Aida Alvarez y Guillermo Galeote, se refiere a los mismos hechos recogidos en el sumario del "caso Filesa" e, incluso, responde al informe elaborado por los peritos de Hacienda sobre la contabilidad de las empresas Filesa, Malesa y Time Export.

Los delitos por los que se acusa a los demandados son falsificación de documentos públicos y de comercio, deito contra la Hacienda Pública, prevaricación, uso indebido de información privilegiada, tráfico de influencias, encubrimiento con ánimo de lucro y receptación, cohecho y delito electoral.

Según los abogados, la implicación de los tres dirigentes socialistas responde a que, como máximos cargos del partido, tienen la responsabilidad última de las actividades irregulares detectadas a lo largo de la instrucción llevada a cabo por el magistrado Marino Barbero.

De acuerdo con su teoría, la trama de fianciación ilegal parte de la constitución del grupo Filesa que, en su relación con los clientes, encubría un circuito financiero cerrado conectado a entidades bancarias para falsificar y falsear datos contables con el fin de justificar unos gastos que eran desviados a la financiación del PSOE.

Los letrados creen que Navarro y Sala continuaron gestionando el grupo de empresas pese a renunciar a sus acciones y acusan a los implicados de manejar información privilegiada para suscribir contratos con Telefnica, la Expo y otras entidades estatales.

El texto de la querella incluye también una referencia a la competencia del Supremo para investigar el asunto, argumentando que varios de los querellados forman parte de la Diputación Permanente del Congreso y, por tanto mantienen el fuero.

Asimismo consideran que la ley de 1912, que prevé que los procesos contra aforados continúen en el alto tribunal hasta el final al margen de la vida legislativa de las Cámaras, sigue vigente porque la Constitución no e opone a ella y, por tanto, no la deroga.

Según los letrados, la diferencia de esta querella con respecto a la que actualemnte se tramita en el alto tribunal es que se extiende a tres miembros de la Ejecutiva socialista y es "más exhaustiva y detallada".

Los abogados se mostraron esperanzados de que la Sala Segunda admita a trámite la querella y la incorpore al sumario abierto, al que tendrían acceso, una vez reconocidos como representantes de la acción popular.

Aunque la causa permanece teporalmente paralizada, los querellantes estiman que sería beneficioso poder ir trabajando sobre los documentos requisados por Barbero.