El decreto, publicado el pasado día 18 en el Boletin Oficial del Estado, reorganiza la prestación farmaceútica de la Seguridad Social y separa la financiación pública de la autorización administrativa de un fármaco.

José Antonio Griñán negó que el nuevo decreto suponga una reducción en los derechos sociales dquiridos por los ciudadanos, sino que, al contrario, "otorga a la Administración la capacidad de obtener el mejor producto al mejor precio posible dentro de las condiciones que ofrezca el mercado".

Ante las acusaciones formuladas hoy por la diputada de IU, Angeles Maestro, sobre un posible incremento en el gasto farmaceútico tras la aplicación del decreto, el ministro dijo que "es difícil predecir el futuro y que yo sepa la señora Maestro cobra aquí como diputada, no como adivina".

IU estima quela exclusión de más de 800 productos farmaceúticos de bajo precio e indicados para patologias leves, pueda provocar que los médicos receten productos más caros, "lo que incremetará considerablemente la factura farmaceútica pública".

Angeles Maestro explicó que su formación política está organizando una concentración junto a otras entidades de ámbito social, ante la sede del Ministerio de Sanidad y Consumo para exigir la retirada del decreto "que supone una agresión a los derechos sociales adquiridos d los ciudadanos, que tampoco han sido informados adecuadamente".