Griñán señaló que los sistemas de reparto como el español, "fueron viables en el pasado, lo son en el presente y lo seguirán siendo en el fturo", mantuvo ante sus colegas comunitarios el respaldo de la UE a sistemas de protección adaptados a la estructura económica de cada país.

El responsable español de Trabajo indicó que la propia UE se justifica en la medida en que sirva para conseguir mayores cotas de empleo y protección social, para lo que defendió la convergencia real de los países miembros pero sin perder el sistema público de proteción social que "fué una conquista de la sociedad, es una realidad y sigue siendo una de nuestras meores ambiciones".

En su opinión, el actual sistema es compatible con creación de empleo y "es el que mejor permite combinar los principios de contribución, equidad y solidaridad".

También dijo que la financiación de la protección está ligada a la estructura de cada Estado, por lo que "no sirven las mismas soluciones para todos, cuando sus efectos no serían, en absoluto, homogéneos".

Según explicó, el mayor o menor peso de las cotizaciones, la financiación con cargo a impuestos -directos o inirectos-, o el establecimiento de tasas específicas sobre productos, tendrán consecuencias diferentes según la economía de un país esté basada en el comercio exterior, en un sólido sector industrial o en el de servicios".

Para defender sus argumentos, Griñan precisó que "si no se aboga en el seno de la UE por un modelo único de protección, tampoco deben plantearse vías comunes de financiación, sino atenerse a las peculiaridades propias de cada país".

Para el ministro de Trabajo, las prestaciones ontributivas deben financiarse con cargo a cotizaciones sociales, sin romper el nexo entre trabajador y prestación, mientras que las prestaciones universales como la sanidad, los servicios sociales o la protección a la familia, deben costearse con el esfuerzo de toda la sociedad a través de los impuestos, para que sus costes no penalicen el empleo.

Ahondó más en esta tesis al recalcar que "las aportaciones de los trabajadores deberán seguirse haciendo mediante descuentos sobre su salario, y la aportacón empresarial habría que discutir si cabe incorporar otras vías alternativas de financiación que no graven el factor trabajo más que otros factores productivos".

Otro de los criterios defendidos por Griñán fue que la bonificación de las cotizaciones como incentivo a la contratación de trabajadores poco cualificados como jóvenes sin experiencia o formación, parados de lñarga duración o mayores de 45 años y minusválidos, en línea con lo acordado ya en el Consejo Europeo de Bruselas.