A su juicio, "sólo se entiende esta reunión como un encuentro de salvación entre la persona que ha recibido un varapalo por pretender imponer una ley inconstitucional y quien ha sido desautorizado por su propio partido".

Llamó al Gobierno de Esperanza Aguirre y al resto de fuerzas representativas e institucionales a "asumir responsablemente el proceso abierto con el recurso y, en consecuencia, a abstenerse de toda iniciativa en tanto en cuanto no se clarifiquen los elementos de inconstitucionalidad vigentes en la ley y, en su momento, las respuestas y soluciones a los mismos, evitando cualquier tentación o atajo que no haría más que contribuir al desorden y deterioro de la imagen corporativa de la cuarta institución financiera del país".

Propuso a Aguirre que haga "un ejercicio de responsabilidad y altura de miras y retire la actual y cuestionada ley e inicie, partiendo de cero, un nuevo proceso legislativo contando con la plena participación tanto de todas las fuerzas parlamentarias como de todos los agentes sociales e institucionales representados y concernidos en Caja Madrid".