Para estas organizaciones ecologstas, las modificaciones propuestas resultan inadmisibles en cuanto al modo de realizar la reforma de la ley, que resulta "totalmente deshonesta", ya que se intentan introducir variaciones sustanciales que afectan a los derechos de los ciudadanos en la Ley de Costas "encubriéndolas bajo una normativa que nada tiene en común con ella".

Respecto al fondo, a juicio de estas organizaciones, el Gobierno fomenta la ocupación más completa del espacio costero, llegando a autorizar construcciones en la servidubre de protección, la franja de veinte metros desde la ribera del mar.

Otro de los aspectos que destaca Greenpeace es la desvirtuación que se hace del papel del Estado en la protección de las costas que con las modificaciones entra a regular las competencias de las comunidades autónomas sin objetivo de conservación.

En opinión de estas organizaciones, se está tratando de acabar con el talante conservacionista que presidió la elaboración de la Ley de Costas para introducir una visión utilitaristacorto plazo.

Los ecologistas han enviado a todos los grupos parlamentarios del Congreso su análisis de las modificaciones propuestas. Además, han expresado su rechazo a la reforma planteada por el Gobierno y animan a todos los grupos políticos a oponerse a ella.