Para ello, Greenpeace se dirigirá a los grupos parlamentarios que se constituyan en el Congreso para plantearles una serie de propuestas encaminadas a conseguir un CSN "transparente e independiente" de la industria nuclear.

En un escrito, la organización ecologista señala que la muestra más reciente de la gravedad de la crisis que vive el CSN es la acusación planteada ante el Consejo de Estado contra la presidenta, María Teresa Estevan Bolea, por los otros cuatro consejeos del organismo nuclear. Éstos alegan que la gestión de la presidenta ha sido excesivamente presidencialista, ha adoptado decisiones unilateralmente -incluso en contra del criterio mayoritario del resto de los consejeros- y ha extralimitado sus competencias.

Para Greenpeace, la falta de credibilidad del CSN y su trato de favor hacia el sector nuclear, "problemas cuya gravedad se han incrementado a causa de la nefasta gestión realizada por Estevan Bolea desde que ésta accediera a la presidencia el 18 e julio de 2001", son motivos más que suficientes para llevar a cabo una reforma legal del Consejo.

"En las actuales circunstancias, es más urgente y necesario que nunca llevar a cabo una reforma legal del CSN, además de una serie de cambios legales y organizativos. Sería indispensable que la presidenta, María Teresa Estevan Bolea, dimitiese de inmediato", aseveró Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace.

Para llevar a cabo la citada reforma legal, Greenpeace propoe diferentes cambios en la Ley de Energía Nuclear, que data de 1964, y en la Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, de 1980.