El Parlamento andaluz debatirá mañana la toma en consideración de esa iniciativa “en un contexto de sequía galopante”, según Greenpeace, que apuntó que la norma es “especialmente grave porque amenaza la supervivencia de Doñana, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Europa, y castiga a los regantes que sí han estado cumpliendo la ley”.

“Se trata de un insulto a la evidencia científica, que abre las puertas a sanciones millonarias desde Bruselas e ignora la necesidad de repensar el modelo agroalimentario para ajustar la demanda a la disponibilidad real de agua y a los caudales ecológicos”, añadió.

La directora de Greenpeace España, Eva Saldaña, señaló que “esta nueva ley de regadíos de la Junta de Andalucía es un atropello legislativo que pone en peligro la supervivencia de uno de los espacios naturales más valiosos del mundo”. “Exigimos al Gobierno andaluz que frene este despropósito, que solo es concebible como un reclamo electoralista y cortoplacista. Este rumbo macabro para Doñana evidencia que nuestro modelo agroalimentario y turístico está herido de muerte”, apostilló.

“ARTE DE MAGIA”

Según la organización ecologista, la proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado supone “la confirmación de que la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ahora y antes han sido incapaces de cumplir y hacer cumplir las leyes que blindan el Parque Nacional de Doñana”.

“Es un paso más hacia el desastre final: legalizar el robo del agua no va a hacer que los pozos se llenen por arte de magia. Solo va a alentar la idea de que robar agua, un bien tan escaso, sale gratis, lo que no provoca más que un perverso efecto llamada. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, no lo quiere decir en voz alta, como la mayoría de políticos, pero es muy sencillo: no hay agua para tanto regadío”, apuntó Luis Berraquero, responsable de Greenpeace en Andalucía.

A corto plazo, Greenpeace urgió a una “reducción drástica e inmediata” de la cantidad total de agua que se extrae del acuífero de Doñana, la protección y compensación de las personas regantes que han estado cumpliendo la ley, el abandono de “ensoñaciones hidráulicas faraónicas (porque el hormigón no hace que llueva)” y la puesta en marcha de un diseño de transición hídrica justa que se adapte a la ganadería, cultivos y uso general del agua de España en “una nueva realidad ya evidente: la acentuación de sequías y escasez hídrica en un contexto de cambio climático galopante, especialmente severo en el sur de España”.

A medio plazo, subrayó que la transición hídrica justa y la transición agroecológica son “alternativas seguras, viables y rentables” para la agricultura, en particular, y el sistema alimentario y la biodiversidad, en general