Greenpeace pretende “liberar” el dominio público marítimo terrestre de Lourizán, en la mencionada ría, de la presencia de Ence, que lleva allí desde 1958.

Los servicios jurídicos de Greenpece entienden que el Tribunal Supremo plantea en su sentencia “una visión muy restrictiva” de la protección del dominio público marítimo terrestre que le lleva a permitir concesiones centenarias con ocupación industrial.

En su análisis de la sentencia del Supremo, Greenpeace considera que el Alto Tribunal no protege la esencia del dominio público marítimo terrestre y la excepcionalidad de su ocupación, lo que le lleva a concluir, “de forma errónea” en opinión de la organización ecologista, la inaplicabilidad del artículo 32.1 de la Ley de Costas, según el cual “únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”, cuestión que incumple la compañía pastera, según la ONG.

Entre otras cuestiones, la organización ecologista alerta de que el Tribunal Supremo no está aplicando esa excepcionalidad de ocupación y desvincula la defensa del litoral y la protección ambiental, justificando su decisión exclusivamente en un informe ambiental de la Xunta de Galicia.

Esto supone, a juicio de los servicios jurídicos de Greenpeace, “una interpretación absolutamente restrictiva e incompleta”, por cuanto la defensa del litoral va mucho más allá de un informe ambiental.

Además, indica que también debe tener en cuenta “los efectos de la propia ocupación física, la evidente destrucción de hábitats, la incompatibilidad con usos sostenibles del litoral” y que, como recuerda la magistrada Ángeles Huet en su voto particular, “va a acabar produciendo un sistema transitorio de un siglo de duración, con el impacto potencialmente irreversible sobre estos ecosistemas tan delicados”.

“LÍNEAS ROJAS”

Para Greenpeace, llama la atención que la sentencia del Tribunal Supremo omita el artículo 132 de la Constitución española, que sustenta todo el régimen excepcional del dominio público marítimo terrestre y el que fundamenta su ocupación excepcional.

“Resulta anacrónico e indignante que una concesión preconstitucional, establecida durante el franquismo, sea privilegiada de esta manera gracias a un traje a medida confeccionado por el exministro Arias Cañete y su vergonzosa reforma de la Ley de Costas en 2013”, indicó Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.

Saldaña añadió: “La interpretación del Tribunal Supremo no es acorde con la esencia de la protección del litoral, por lo que vamos a seguir luchando por la ría de Pontevedra. La Justicia con mayúsculas tiene que poner a las personas y al planeta primero, y más en un momento de emergencia climática y crisis de biodiversidad”.

Por último, la organización ecologista consideró “una triste ironía” que la sentencia del Tribunal Supremo, en aras de la motivación ambiental, entienda que es admisible que una papelera ocupe una ría durante más de 100 años y que, por el contrario, desconozca los criterios de protección del litoral que consagra la Constitución española.

“Todo lo que rodea el caso Ence ha olido siempre muy mal. Desde su privatización se han rebasado muchas líneas rojas, con cambios de normativas ‘ad hoc’, indignantes puertas giratorias protagonizadas por los más altos cargos de Medio Ambiente y Costas, informes ambientales muy discutibles, un incesante ‘greenwashing’ e incluso el olvido de condenas por delito ecológico continuado. No podemos conformarnos con esta sentencia del Supremo”, concluyó Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia.