La organización consideró “inmoral” que, en un contexto de “terribles consecuencias del cambio climático”, “el Congreso no exija a las energéticas que paguen por los daños que producen y se les permita seguir enriqueciéndose a costa de la ciudadanía y del planeta”.

“En un momento en el que toda la fuerza de la democracia debe atender y solidarizarse con las víctimas de la DANA, hay partidos que se pliegan a las grandes compañías para tumbar la justicia fiscal que necesitamos”, apuntó Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.

Saldaña añadió: “Hemos visto cómo el dirigente de Repsol, la empresa más contaminante en España, está más centrado en los dividendos de sus grandes accionistas anglosajones y nórdicos que en la responsabilidad de la compañía con la sociedad en la que operan sus negocios. Es un comportamiento situado en las antípodas del compromiso, que sí están mostrando las personas voluntarias y de los servicios públicos en este momento”.

RECURSOS ADICIONALES

El impuesto a las energéticas se creó de forma temporal (2023-24), junto con el de la banca, para mitigar el impacto de la inflación y gravar los beneficios extraordinarios que obtuvieron estos sectores por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

En lo que va de 2024 estos sectores han incrementado sus beneficios en un mercado supuestamente “normalizado”, según Greenpeace. Ahora existe la posibilidad de que se haga permanente y que las empresas paguen por los daños que ocasionan.

A través de este impuesto, se pueden recaudar unos recursos adicionales que podrían financiar políticas públicas destinadas a amortiguar el impacto generado por el cambio climático.

Greenpeace señala que, con la recaudación del impuesto a las energéticas en un solo año (en 2023 fueron 1.164 millones de euros y en 2024 el Gobierno estima una cantidad similar), se podría pagar parte del escudo social, económico y de reconstrucción de las zonas afectadas por los eventos climáticos extremos.

Además, podría cubrirse los sueldos anuales de 500 miembros de protección civil, 1.000 profesionales de la salud y 1.000 profesionales de servicios sociales para reforzar los servicios básicos, ayudas sociales a 50.000 familias vulnerables y rehabilitación de 20.000 viviendas para atender directamente a las familias damnificadas, así como una protección a 15.000 pequeños negocios y autónomos y a 30.000 agricultores familiares.

Greenpeace se ha sumado a 36 organizaciones sociales, sindicales y ecologistas para demandar 10 medidas para una fiscalidad más justa y verde, entre las que se encuentran, además de los impuestos a beneficios caídos del cielo a la banca y a las energéticas, el impuesto al lujo y los jets privados, el impuesto a alquileres turísticos o la eliminación del régimen fiscal sin tributación de las SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), que también se votará hoy en la Comisión de Hacienda del Congreso.

CUMBRE DEL CLIMA

Por otro lado, la Cumbre del Clima de Bakú (Azerbaiyán), conocida como COP29, afronta esta semana su tramo ministerial con un nuevo objetivo de financiación climática en el centro de las negociaciones.

Greenpeace exigió que se aplique el principio de “’quien contamina paga, mediante “impuestos justos y verdes que obliguen a la industria de los combustibles fósiles y a otros grandes contaminadores a soportar, al menos en parte, los gastos climáticos”. “En este contexto, el impuesto sobre los beneficios de las energéticas solo debe ser el principio”, concluyó.