Greenpeae explicó, a través de un comunicado, que las medidas que demandan son el establecimiento de una moratoria en la construcción o ampliación de cualquier infraestructura en la franja costera, y hacer una evaluación conjunta del estado del litoral entre el Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas.

Además, quieren prohibir la construcción de nuevas estructuras, que alteren el movimiento natural del agua y la arena; la conservación y recuperación de los sistemas que de forma natural frenan a erosión; abandono de las actuaciones destructivas del ecosistema costero, como la regeneración de playas con la extracción de arena de los fondos marinos y la depuración de aguas residuales.

Por último, plantean la necesidad de establecer planes de eliminación de sustancias tóxicas persistentes en los vertidos de aguas residuales; cumplir el convenio de recogida de residuos de buques en los puertos, y la moratoria de la construcción de presas.

El director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de ralde, manifestó que "estas medidas urgentes conseguirán que la situación, al menos, no continúe empeorando, porque la perpetuación del modelo actual tiene consecuencias ambientales nefastas que a medio plazo puede convertirse también en deterioro económico".