En los documentos que presentaron ante el ministerio español, los ecologistas proponen que la CE adopte un sistema de gestión de pesquerías que sitúe la conservacón del medio por encima de la máxima explotación y rentabilidad a corto plazo.

Asimismo, piden que las empresas de la CE apliquen este sistema en todas las actividades que realicen fuera de las aguas comunitarias y promuevan la negociación de un régimen global para la conservación de las pesquerías en alta mar.

Greenpeace ha acusado a los estados comunitarios de practicar la sobrepesca y provocar el deterioro de los ecosistemas marinos de muchos océanos y mares.

Para Anna-Rosa Martínez, portvoz de la campaña de Pesquerías de Greenpeace España, "una política que se basa en un reparto del pastel y una flota excesiva y endeudada que pesca frenéticamente para obtener los máximos beneficios en el mínimo tiempo posible constituyen presiones superiores a las que pueden soportar los ecosistemas marinos".

La organización conservacionista ha recordado a las autoridades de la CE que los recursos marinos no son infinitos, por lo que insisten en la necesidad de garantizar la integridad y diversidad dl ecosistema.

Según Anna-Rosa Martínez, la CE utiliza la exportación de barcos como un método para mantener su actividad y el abastecimiento del mercado, "pero sin tener en cuenta ninguna consideración ambiental ni social que vaya más allá de sus egoistas intereses inmediatos".