Para Greenpeace, el trasvase de agua desde las cuencas denominadas "excedentarias" hacia las "deficitarias", "será siempre polémico, ya que la consideración de una cuenca como excedentaria depende de opiniones puramente subjetivas".

El portavoz de Greenpeace en la campaña contra el PNH, Juan López de Uralde, aseguró que este plan "está lleno de retórica medioambiental" y que "no va a solucionar los grandes problemas relacionados con el agua, sino que ls agravará".

Para López de Uralde, el PHN que el Ministerio de Obras Públicas tiene pensado aprobar en septiembre "garantiza la continuidad de la política hidráulica que se ha desarrollado en el Estado español y que se ha basado tradicionalmente en la construcción de grandes obras".

"Su objetivo es", según el portavoz ecologista, "construir más de 200 nuevos embalses y convertir los ríos en una red de canalizaciones por las que el agua pueda ser transportada de un lugar a otro de la península".CONTROL DE LA DEMANDA

Según Greenpeace, la puesta en práctica del PNH ocasionaría "un considerable impacto sobre el medio ambiente de los pantanos y los trasvases, la destrucción de las zonas húmedas, la salinización de los acuíferos y la desaparición de las playas y deltas".

Frente a esto, la organización ecologista propone un "cambio drástico" en la política de aguas, y para ello "la base debiera ser la de la contención de la demanda, frente al actual intento de aumentar la oferta de agua".

Esta contención del consumo debería dirigirse, según Greenpeace, hacia los tres frentes principales: la agricultura, el consumo urbano y el consumo industrial.

Para López de Uralde, "es contradictorio que se haga un Plan Hidrológico antes de un Plan de Regadío, cuando la agricultura consume el 80 por ciento del agua del total anual". Según este portavoz, "el principal enemigo de la agricultura española es la competencia exterior, no la cantidad de agua disponible".

La agricultura española necesiaría, según la organización ecologista, "la mejora de los canales y redes de distribución del agua y una política de reforestación en la que se reconozca la importancia del bosque como regulador hidráulico". A estas medidas habría que añadir "la mejora de los sistemas de canalización de agua, para conseguir mayores efeciencias".

"QUIEN CONTAMINA, PAGA"

El consumo urbano, que supone el 14 por ciento del total, debiera tender al "crecimiento nulo de la demanda", a través de la innovación tecnológica d electrodomésticos y fontanería, campañas de educación ciudadana y una política legislativa y de precios que fomente el ahorro.

Respecto al consumo industrial de agua, Greenpeace cree que el mayor consumo por parte de las distintas industrias contribuye a aumentar el vertido de residuos. Para los ecologistas, la "política de canon, según la cual quien contamina paga, es inadecuada, ya que admite por principio el derecho a contaminar".

Frente a la política gubernamental, los ecologistas proponen l "aplicación de una política de prevención de la contaminación industrial y un estricto cumplimiento de la legislación existente sobre vertidos".

También formarían parte de esta política alternativa la separación de aguas de vertido industrial y urbano y la introducción de los ciclos que permitan la reutilización del agua.