Eva Herández, portavoz de Greenpeace, declaró a Servimedia que uno de los requisitos que deben cumplir las playas que optan a la bandera azul es respetar la Ley d Costas, pero denunció que no siempre es así.

Hernández señaló que las denuncias de algunas organizaciones ecologistas sobre "los desmanes urbanísticos en algunos municipios turísticos" propiciaron la retirada de la bandera, y citó el ejemplo de Isla Canela, en Huelva.

Asimismo, Greenpeace considera que todas aquellas playas regeneradas o artificiales no deberían contar con este distintivo, porque este tipo de actuaciones "provocan alteraciones y daños irreversibles sobre los ecosistemas costeros.

Hernández destacó que la mayoría de las playas del litoral levantino y de Cataluña han sufrido alteraciones de este tipo, que a menudo incluyen la construcción de diques para evitar la pérdida de arena en las playas.

La portavoz de Greenpeace indicó que "la campaña de banderas azules puede tener un efecto positivo si se introducen exigencias ambientales que vayan más allá de los análisis sobre la calidad del agua".

En este sentido, señaló que tampoco se deberían otorgar a aquellos municipis que vierten aguas residuales en el mar sin depurar, incluso en el supuesto de que el vertido no provoque contaminación en una zona de baño.

Asimismo, Greenpeace rechaza la concesión de banderas a los puertos deportivos, al entender que este tipo de instalaciones siempre generan contaminación y alteran los ecosistemas costeros.