Según la organización ecologistas, el cargamento de residuos tóxicos pertenece a la empresa Dragados, y en la actualidad se encuentra a bordo del buque "MV Ulla" en el puerto turco de Iskenderun.

El pasado mes de mayo, un tribunal turco dictó una sentencia que obliga al "MV Ulla" a abandonar las aguas territoriales de este país, tras calificar los residuos como "peligrosos".

Pablo Mascareñas, portavz de Greenpeace España, señaló que "más de 2.000 toneladas de cenizas volantes tóxicas podrían acabar en el fondo del Mar Mediterráneo en las próximas semanas si el Gobierno español no reclama estos residuos".

La organización afirma que los residuos partieron del puerto de Avilés entre diciembre de 1999 y febrero de 2000, tras ser adquiridos por Dragados con la intención de mezclarlos con cemento para utilizarlos en la construcción de una presa en Argelia.

Sin embargo, Greenpeace asegura que ragados rechazó el cargamento por encontrarse en mal estado, y este apareció a las pocas semanas en territorio turco.

El director de Greepeace España, Xavier Pastor, indicó que "Dragados es la empresa destinataria y, en consencuencia, propietaria de los residuos. Por tanto, debe hacerse cargo de su gestión, que ha de llevarse a cabo de forma totalmente segura en nuestro país".

Asimismo, pidió al Gobierno de José María Aznar que "deje de ser cómplice en este tráfico ilegal de resiudos y se comrometa a que el cargamento tóxico vuelva a España, de donde nunca debió salir".