Greenpeace presentó hoy el informe "Quién controla la energía en España", un documento que desvela que las seis compañías eléctricas españolas estudiadas -Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Unión Fenosa, Enel-Viesgo e Hidrocantábrico- han puesto en marcha en los últimos siete años cuatro veces más potencia en centrales térmicas que en renovables.

Ante esta realidad, el director de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, hizo un llamamiento al Gobierno español "para que tome el mando de la política eléctrica" y para "que no sigan las empresas eléctricas dictando la política energética que ellos quieren hacer".

Según explicó Raquel Montón, responsable de la campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace, España cada día emite un millón de toneladas de CO2 a pesar del potencial que tiene el país en energías renovables. Con este potencial, "podría abastecer hasta 56 veces la demanda de energía eléctrica en el año 2050", aseveró.

El sistema eléctrico es el responsable de muchas de estas emisiones de CO2. En concreto, de cerca de 100 millones de toneladas de CO2 en 2004. "Por eso el sistema eléctrico es el gran responsable del cambio climático" en España, añadió Montón.

Frente a estos datos, Greenpeace asegura que "a la hora de la verdad" los planes están siendo insuficientes y las medidas se están quedan cortas. "De seguir por este camino vamos a superar los límites de la naturaleza", advirtió.

PROPUESTAS A CLOS

La organización ecologista advierte al futuro ministro de Industria, Joan Clos, sobre la necesidad de realizar un cambio radical en la política energética, que debe dejar de estar controlada por las compañías eléctricas para pasar a atender los intereses generales, destacó José Luis García, responsable de la campaña de Energía.

Para ello, Greenpeace reclama al Gobierno que deje de subvencionar a las compañías eléctricas para la emisión de CO2, lo que implica modificar el Plan Nacional de Asignación y retirar los derechos gratuitos de las compañías.

También propone la elaboración de una ley de energías renovables así como otras medidas como dejar de incentivar la inversión en centrales térmicas (actualmente mayoritaria) o reforzar las políticas de ahorro y eficiencia energética.

Asimismo un plan de cierre de las centrales nucleares, y que se abandone el actual plan de construir un almacén temporal centralizado (ATC) para los residuos radiactivos.

Por último, los ecologistas piden que se garantice el derecho del consumidor a conocer y poder elegir el origen de la electricidad que se consume.

Para lograr sus propuestas y tratar de implicar a toda la sociedad, activistas de Greenpeace emprenderán el próximo 11 de septiembre una marcha por las centrales térmicas españolas -se iniciará en As Pontes (A Coruña) y concluirá en Pasajes (Guipúzcoa)- para demandar un cambio en la política energética.