Esta entidad ecologista recordó que Estevan Bolea, en su comparecencia ante el Congreso del pasado 1 de diciembre y la del Senado del 2 de marzo, aún admitiendo la relevancia del suceso ocurrido en Vandellós-II, ocultó reiteradamente a los parlamentarios la importancia del fallo del sistema de refrigeración de esta central nuclear e informó de manera sesgada, para minimizar su gravedad.

Greenpeace aseguró en una nota que, durante estas intervenciones, la presidenta del CSN insistió una y otra vez que "la central ha operado y está operando de forma segura" y afirmó en el Congreso que "en este momento está garantizado que esta central está operando debidamente" o que "está funcionando con toda seguridad porque si no, no funcionaría".

Para Greenpeace, multitud de hechos demuestran la falsedad de las afirmaciones de Estevan Bolea, como la prueba hidrostática realizada los días 9 y 10 de este mes, para comprobar el estado de las tuberías que componen el sistema de agua de servicios esenciales de la central nuclear.

Esta prueba hidrostática, según Greenpeace, salió "muy mal" y durante ella se produjeron abundantes fugas de agua desde la fase preparatoria, antes de iniciar la presurización, "lo que demostró el mal estado en que se encuentra el sistema y que las reparaciones que se hicieron no habían servido para nada".

Sin embargo, el pasado 7 de abril el Pleno del CSN publicó un informe en el que reconocía la extraordinaria gravedad del suceso de corrosión del sistema de agua de servicios esenciales de la central nuclear Vandellós-II y que la central operó con márgenes de seguridad reducidos.

Además, este informe señalaba que los propietarios de Vandellós-II (Endesa e Iberdrola tienen el 72% y el 28%, respectivamente) habían ocultado sistemáticamente información sobre el mal funcionamiento de su instalación y que habían dado prioridad a sus intereses económicos sobre la seguridad.

En concreto, este documento del CSN concluye que hubo, entre otros factores y causas, "primacía de la producción frente a la seguridad", "arranque de la central tras la rotura sin los análisis de seguridad adecuados", "declaraciones de operabilidad sin adecuadas evaluaciones de seguridad", "falta de sensibilidad generalizada en la organización sobre la importancia para la seguridad del sistema de agua de servicios esenciales" y "problemas organizativos y deficiencias en la gestión".

Ante esta situación, Greenpeace consideró inaceptable la actitud de Estevan Bolea de proteger los intereses de la central nuclear Vandellós-II a costa de la seguridad de la población y del medio ambiente.