Esa eliminación debería producirse “en todas las zonas a excepción de las de baja sensibilidad ambiental”, al tiempo que se reintroduciría el trámite de participación pública en ese mecanismo.

Esa demanda figura en el informe ‘Renovables respetuosas con las personas y la biodiversidad. Buenas y malas prácticas en la implementación de proyectos fotovoltaicos y eólicos en suelo’.

Basado en una investigación de Fundación Renovables, ese informe de Greenpeace analiza 25 proyectos concretos que evidencian casos de “malas y buenas prácticas” en Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco.

Además, Greenpeace reclama al Gobierno que coordine con las comunidades autónomas una zonificación ambiental para el despliegue de las renovables en suelo que excluya las áreas protegidas y acelere el desarrollo de proyectos de energía limpia en las zonas de baja sensibilidad ambiental (suelos urbanos, industriales, aparcamientos, infraestructuras y zonas degradadas).

Introducir mecanismos para priorizar los proyectos más participativos y respetuosos con la biodiversidad y publicar directrices obligatorias para proteger y, en su caso, mejorar la biodiversidad local en el despliegue de los proyectos renovables en suelo son otras peticiones.

MÁS DEMANDAS

Además, Greenpeace aboga por garantizar la participación ciudadana desde las fases más tempranas de los proyectos renovables y prohibir las “actuales malas prácticas empresariales”, como la fragmentación de proyectos, el desarrollo en áreas protegidas y de alta sensibilidad ambiental, recortar la participación pública o las expropiaciones innecesarias.

El informe incluye como solicitudes publicar en un mapa todos los proyectos en operación y en tramitación, así como la información relacionada con su expediente, y asegurar el acceso a la red eléctrica y priorizar en las subastas a los proyectos renovables ciudadanos y respetuosos con las personas y la biodiversidad.

“No estamos en la senda para reducir a cero las emisiones para 2040, así que es clave agilizar la reducción de la demanda, la implantación de energías renovables y el abandono de los combustibles fósiles. No es aceptable, sin embargo, que sea a costa de las garantías ambientales y de la participación ciudadana. Hay alternativas eficaces y viables”, según Sara Pizzinato, coordinadora de la campaña de energías renovables de Greenpeace.

Por otro lado, Greenpeace pidió al Gobierno que “legisle para que nadie ponga sus beneficios económicos por encima de las personas y el planeta, ni siquiera en el urgente desarrollo de las energías renovables”.

“ARMONÍA”

Esta organización reivindicó “buscar la armonía entre la necesaria expansión de las renovables y el cuidado de la biodiversidad, el territorio y las personas que viven en él, a la vez que se avanza en cambios profundos en el modelo de producción y consumo”.

"La buena noticia es que es posible hacerlo bien y se está haciendo en muchos sitios. La mala es que ninguna de las comunidades autónomas analizadas se libra de tener malas prácticas en su territorio. Hay empresas que, cegadas por el dinero, intentan repetir el mismo esquema de los combustibles fósiles en la implantación de las renovables, sin tener en cuenta las necesidades de las comunidades que las acogen y considerando las garantías ambientales como obstáculos o meros trámites que cumplir lo más rápido posible", aseguró Pizzinato.

Entre las malas prácticas más comunes, se encuentran la fragmentación de proyectos, las afecciones medioambientales, el impacto cultural y arqueológico, la falta de diálogo y participación de las comunidades locales, la expropiación forzosa y el impago de impuestos (.

Entre las buenas, una participación temprana de las comunidades locales para influir en los proyectos (ubicación de la planta, de las líneas de evacuación, precauciones ambientales…), el uso compartido del suelo de la planta renovable con otros usos previos o con otras fuentes de energía y el fomento de empleo local en las plantas o en instalaciones industriales asociadas.

Otras buenas prácticas son la reducción de las facturas energéticas de empresas locales o personas vulnerables, la apertura a la participación ciudadana en la inversión de la planta, evitar la implantación de la planta en zonas protegidas o de alta sensibilidad ambiental ahí donde no está ya prohibido, evitar la implantación de grandes plantas en zonas agrarias consideradas de interés y especial relevancia (excluyendo el autoconsumo ligado a los consumos locales) y evitar el uso de la expropiación forzosa de los terrenos.

El informe también incluye ejemplos de normativa sobre participación ciudadana en Dinamarca, Países Bajos y Noruega, y concluye que es perfectamente posible conseguir una implantación de las energías renovables urgente al mismo tiempo que respetuosa con las personas y la biodiversidad.