Greenpeace celebró que las medidas vayan encaminadas, entre otras cosas, a la transformación de cultivos agrícolas en otros fines como la renaturalización y la reconversión en secano o en agricultura ecológica, y que el marco de actuaciones se extienda a los 14 municipios del área de influencia del Espacio Natural de Doñana.

Sin embargo, mostró su preocupación de que las explotaciones que han estado regando de forma ilegal durante años puedan beneficiarse de las ayudas para la diversificación agraria contempladas en el acuerdo.

“De ser así, se estaría premiando económicamente a aquellas personas que han estado incumpliendo la ley”, añadió.

POZOS ILEGALES

Por ello, Greenpeace deseó que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, cumpla su compromiso de no destinar dinero a quien incumpla la legislación vigente, esto es, a fincas que han estado utilizando agua para regadío sin autorización.

Además, apuntó que el acuerdo no debería paralizar los procesos judiciales y administrativos ya abiertos hacia las fincas que han estado incumpliendo la ley durante años, y que se deben reforzar los esfuerzos para “perseguir el robo de agua” con el cierre de “todos los pozos ilegales” que hay en la zona.

Por último, Greenpeace mostró su preocupación por el hecho de que los beneficiarios de las ayudas trasladen sus explotaciones a otras zonas de la provincia de Huelva en las que el recién aprobado plan hidrológico contempla incremento de superficie de riego, lo que trasladaría “el problema a otras zonas”.