En la actualidad, el "Sirius" está enChipre, donde realiza una campaña contra la urbanización de las últimas playas de nidificación de las tortugas verdes en el Mediterráneo.

La zona ocupada por estas algas, que altera el ecosistema pero no se ha constatado que perjudique a la salud humana, ocupa aproximadamente cien metros cuadrados del litoral balear.

Su hábitat originario son las costas de América central, el Golfo de Guinea, el Mar Rojo, Madagascar, la costa de Somalia, Filipinas y el Oceáno Indico.

En 1989 aparecieron alguos ejemplares frente a las costas de Mónaco y en 1990 las autoridades francesas detectaron un espectacular crecimiento de la especie en las inmediaciones de Niza y otros puntos del litoral galo.

Greenpeace mantiene que las algas fueron introducidas de forma accidental en aguas mediterráneas desde un laboratorio oceanográfico de Mónaco. Por ello, los conservacionistas han exigido a los gobiernos que tomen "serias medidas de control sobre la importación y utilización de especies exóticas".

Asimismo han pedido a las autoridades españolas que extremen la vigilancia en la costa mediterránea y a los barcos que fondeen donde previsiblemente habita el alga que limpien bien sus anclas.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha reconocido las dificultades que entraña eliminar las poblaciones de este alga, ya que no existen depredadores primarios de la misma.

INCINERACION DE RESIDUOS

Por otra parte, la organización Greenpeace emitió hoy un comunicado en el que asegura que no comporte la deisión de la Fiscalía de Ciudad Real de archivar la denuncia presentada por diversos grupos ecologistas contra la empresa pública Mayasa, a la que acusaban de verter 11.500 toneladas de residuos tóxicos en la comarca de Almadén (Ciudad Real) durante la década de los 80.

Según los conservacionistas, la fiscalía ha centrado sus investigaciones en la posible contaminación provocada por el mercurio presente en los residuos y mantienen que no ha estudiado el impacto que genera el resto de sustancias que loscomponían, tales como metales pesados, sustancias organohalogenadas y dioxinas.

La organización ecologista considera que "la poca claridad existente en la legislación ambiental actual puede conducir a calificar como faltas administrativas hechos que pueden constituir delitos ecológicos".