Esta ONG denunció que, pese a las señales que evidenciaban la existencia de un riesgo alto de incendio, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, liderada por Juan Carlos Suárez-Quiñones, declaró que el riesgo era medio o bajo, conforme a lo establecido en el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León, que marca el inicio de la temporada de riesgo alto -con la consiguiente dotación de medios- a partir del 15 de julio.

“La Consejería escatima la inversión necesaria para cuidar del medio ambiente y del bosque, como le exige la normativa estatal, comunitaria e internacional, máxime en un contexto de cambio climático. Para la ciudadanía, es incomprensible que esta actitud irresponsable de los poderes públicos, que ha causado un daño ambiental gravísimo, quede impune, dejando la puerta abierta a comportamientos similares de cara al próximo verano”, declaró Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace.

Los días 15 y 16 de julio, en los que se produjo el incendio, no estaban movilizados todos los recursos del dispositivo contra incendios. Según los bomberos, el ritmo del fuego durante el primer día era “accesible” para haber podido apagar las llamas de haber tenido los recursos suficientes.

Pero a partir del jueves 16 por la noche -debido a los condicionantes de viento, calor y sequedad que se estaban produciendo en esos días- la velocidad del fuego ascendió a 515 hectáreas por hora, por lo que, en palabras de los propios bomberos, “ya no había nada que hacer”, y en algo más de 24 horas se habían quemado 10.000 hectáreas.

PERIODO MÁS AMPLIO

Según el plan de emergencias, la época de peligro medio es del 1 al 14 de julio, por lo que la Consejería estimó, en seguimiento del Plan, que entonces era época de peligro bajo de incendios.

“Sin embargo, la situación de cambio climático que afecta a nuestro país desde hace años -con un cambio de las circunstancias meteorológicas y una sequedad extrema del terreno- supone que los responsables políticos tendrían que haber modificado este Plan hace tiempo, ampliando el periodo de riesgo alto de incendios a los meses de mayo, junio y julio”, apuntó Greenpeace.

Greenpeace recordó que en el verano de 2021 se quemaron 22.000 hectáreas en Navalacruz (Ávila), en lo que, hasta ese momento, era el peor incendio de la historia de Castilla y León.

Con el historial de incendios de Castilla y León, para Greenpeace los responsables políticos deberían haber aprobado una nueva normativa de prevención de incendios que evitara la repetición de esta catástrofe. Pero la adopción de una nueva y más amplia medida de prevención de incendios fue rechazada por los partidos del Gobierno el 22 de junio en las Cortes de Castilla y León.

La Fiscalía considera que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, ya que “ante la adversa situación climática existente en el mes de junio de 2022 en Zamora, la Consejería de Medio Ambiente no permaneció pasiva o inactiva, sino que se realizaron actuaciones tendentes a dar solución a la situación planteada”.

“Es justo al contrario: Si los responsables hubieran aprobado un plan de prevención de incendios, con las necesarias actividades preventivas y de mantenimiento del monte, así como con un dispositivo de extinción a pleno rendimiento en un momento en que las alertas de riesgo de incendio ya estaban disparadas, la evolución del incendio no hubiera sido tan devastadora (miles de hectáreas afectadas y miles de personas desalojadas). Es inadmisible justificar la inacción por una meteorología adversa”, apuntó Mónica Parrilla, responsable de la campaña de bosques de Greenpeace España.