En un comunicado, Greenpeace afirma que el vertido de los residuos tóxicos por la rotura de la presa de Aznalcóllar ha generado una enorme alarma social tanto en España como en el extranjero, "razón por la cual las diligencias judiciales deben ser rápidas y eficaces".

La organización ecologista considera necesario que este asunto se lleve con una diligencia ejemplar, "para evitar nuevos casos donde las presuntas negligencias empresarales y de las administraciones provoquen desastres ecológicos".