Los ecologistas califican de "buena noticia para el litoral" la decisión final del ministro Bono, que esta semana anunció en el Parlamento su decisión de acatar el informe sobre las repercusiones medioambientales que tendría esta operación remitido por la ministra Narbona.

Greenpeace se posicionó en contra de este proyecto desde que tuvo conocimiento de él y recientemente remitió a la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente sus alegaciones contrarias al hundimiento.

La Dirección General de Costas es el organismo responsable de otorgar la concesión administrativa al Ayuntamiento de Calvia para llevar a cabo su plan de depositar 4.000 toneladas de chatarra junto a la reserva marina de las Islas Malgrats, un proyecto que, según Greenpeace, contaba con el beneplácito de las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca del Gobierno balear.

En sus cartas a los ministros, los ecologistas destacan la irracionalidad del proyecto desde el punto de vista ambiental, ya que la actuación habría supuesto, a su juicio, una "artificialización" de la zona afectada directamente por el hundimiento y su entorno cercano.