En declaraciones a Servimedia, Sara del Río, responsable de las Campañas de Tóxicos de Greenpeace, aseguró que sucesos como el ocurrido en el Valle de Escombreras (Cartagena) son bastante previsibles, ya que se trata de una zona donde la industria está sumamente masificada y fuera de control.

"En España parece que el control deestas sustancias es bastante limitado", denunció. En su opinión, se está primando claramente el beneficio económico de las industrias, "a las que no se les exigen medidas de protección ambiental, de seguridad, o aunque se les exija por ley no se está controlando su cumplimiento". El coste ecológico, advirtió, "está destrozando" muchas zonas.

Por ello, reclamó a las administraciones que controlen a este tipo de empresas. "Parece que no están haciendo su trabajo. Hay que saber a qué nos arriesgamos cuano permitimos a las industrias que trabajen con total impunidad y que no valoren el riesgo al que están sometiendo a las poblaciones cercanas", concluyó.

En la misma línea se manifestó a esta agencia Juan Antonio Conesa, portavoz de Ecologistas en Acción en Murcia. En concreto, denunció que el Gobierno regional favorezca la región de Murcia únicamente a base de atraer inversiones que no quieren en ningún otro sitio, con empresas tóxicas y peligrosas.

"No se puede continuar concentrando tanta indusria pesada, nociva y peligrosa en un único valle", lamentó. Por ello, reclamó al Gobierno regional que deje de atraer a la región de Murcia las inversiones que no quieren en ningún otro sitio; que las declaraciones anuales que este tipo de empresas están obligadas a presentar señalando cuál ha sido su actividad sean públicas, y que haya un plan de emergencia y de desalojo de las poblaciones de la zona.