Este hecho, según Greenpeace, es susceptible de constituir un delito ambiental recogido en el Código Penal por incumplimiento del Convenio de Diversidad Biológica (CBD) que el Estado Español firmó en 2003.

La denuncia de Greenpeace expone que la documentación aportada por el Museo Reina Sofía, facilitada esta a su vez por Maderas Besteiro, no acredita de ninguna manera que la madera procede de una extracción legal y, mucho menos, sostenible.

"Han aportado únicamente autorizaciones que muestran la entrada de la madera en la Unión Europea, la salida de la misma del puerto de Belem (Brasil), y certificados de origen emitidos por la Federación de Comercio del Estado de Pará", asegura Greenpeace en una nota de prensa.

"El Museo no sabe realmente de dónde procede la madera, se ha limitado a dar por buenos los documentos que el contratista le ha dado, sin escuchar las advertencias realizadas tanto por Greenpeace como por los propios trabajadores del Museo", afirmó Miguel Angel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

"De hecho, el Museo ya no afirma que la madera es legal, como hizo en junio de este año, sino que ellos han obrado correctamente, pasándole la responsabilidad a Dragados y Maderas Besteiro", apostilló Soto.

La denuncia coincide con una investigación publicada en la revista "Science", según la cual la deforestación de la Amazonia crece al doble del ritmo estimado hasta ahora. Así lo demuestran sus nuevas imágenes satélite, asegura Greenpeace.