Pastor manifestó hoy que tanto la Le Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos como la Directiva Europea sobre residuos clasifican estas cenizas como basuras que requieren tratamiento especial y su vertido sólo puede realizarse en depósitos de seguridad.

El presidente de Greenpeace España señaló que la denuncia no se limitará genéricamente al Consell Insular de Mallorca, sino que se cursarán contra las responsabilidades personales de la presidenta de la institución, María Antonia Munar; los dos vicepresidentes, Francesc Triay y Pere Sampo, y el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Francesc Antich.

Greenpeace ha presentado un plan de recogida, reciclaje y compostaje que permitiría recuperar en 5 años el 73 por ciento de los residuos, con un coste de 8.000 millones de pesetas (la mitad que el de la incineradora), y el tratamiento por tonelada de basura costaría 2.300 pesetas.

"Si el reciclaje es más barato, más beneficioso para el medio ambiente y la salud pública, recupera recursos y crea más puestos de trabajo", ha manifetado Pastor, "no comprendemos por que el Consell continúa empeñado en impulsar la incideración".