La última operación fue detectada por Greenpeace a finales del mes de enero, cuando el buque de la Armada "Poseidón" realizaba varias operaciones de carga en la base naval de Porto Pí, en Palma de Mallorca.

Los ecologistas aseguran que personal militar que participaba en la operación confirmó que se estaba vertiendo al mar munición aducada.

El lugar exacto del vertido se desconoce, aunque Greenpeace asegura tener conocimiento de la existencia de un "basurero" de explosivos a 15 millas de Cartagena y no descarta la posibilidad de que los vertidos también se efectúen en alguna zona cercana a las islas Baleares.

Greenpeace asegura que la negativa del Ministerio de Defensa de facilitar información sobre los vertidos impide que la Convención de Londres de 1972 tenga conocimiento de los mismos, contraviniendo así los acuerdos de a Convención, en la que se aprobó, con voto favorable de España, la prohibición de cualquier vertido de municiones a partir de 1995 y la notificación de cualquier operación que se lleve a cabo antes de la fecha.

Según la organización conservacionista, el vertido de municiones al mar ocasiona daños ecológicos y amenaza la salud pública, ya que materiales como el trinitotolueno se incorporan a la cadena alimentaria, pasando del plactón a los seres acuáticos y al ser humano y produciendo daños en el sistma renal y hepático.

Xavier Pastor, presidente de Greenpeace en España, declaró que los vertidos de munición al mar son una práctica rechazable que tiende a considerar los océanos como "basureros. Agregó que la crisis ecológica que sufren los mares del mundo, y en especial el Mediterráneo por sus condiciones especiales, debe frenarse inmediatamente, puesto que "hemos superado ya su capacidad de regeneración".