El anuncio de Greenpeace, publicado en los periódicos tinerfeños "Diario de Avisos" y "La Gaceta de Canarias" y que fue rechazado en el rotativo "La Provincia" -según la organización ecologista-, presenta a un ficticio presidente de Unelco al que le crece lanariz al negar o ignorar el contenido de los argumentos de Greenpeace contra las centrales térmicas. El anuncio invita a los ciudadanos a expresar directamente su oposición a las nuevas centrales, llamando a un teléfono directo del presidente de la empresa.

"Unelco", declaró José Luis García Ortega, responsable de la campaña Energía Limpia de Greenpeace España, "intenta amordazar a los medios de comunicación para poder continuar construyendo estas térmicas a espaldas de la opinión pública, siguiendo s política de hechos consumados".

Greenpeace considera que estas centrales térmicas no son necesarias, ya que la demanda energética es claramente inferior a la capacidad de generación existente en las islas, y existe un potencial de ahorro energético aún sin explotar que asciende al 23 por ciento, según la propia Endesa.

El motivo principal de la oposición de los ecologistas a la construcción de nuevas centrales térmicas son las emisiones de CO2, causantes del cambio climático, que se elevarán a 8millones de toneladas anuales si llegan a ponerse en marcha todos los grupos previstos en este macroproyecto.

Para Greenpeace, "todas las autorizaciones que el Gobierno canario ha concedido a las obras de estas térmicas son nulas de pleno derecho, por lo que ha presentado una reclamación administrativa que la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias aún no se ha atrevido a resolver".

Greenpeace también ha presentado, junto con una larga lista de personas y organizaciones afectadas por ests proyectos, una denuncia en el Tribunal Europeo de Justicia contra la Comisión Europea por financiar ilegalmente estas centrales con los fondos FEDER, en lo que se ha llamado "el pleito del CO2".

Recientemente el Gobierno español se ha sumado al pleito apoyando a la Comisión Europea, lo que pone de manifiesto la cada vez mayor trascendencia política y judicial del caso.

"Si al Gobierno le preocupa no perder la subvención comunitaria, debería solicitar esa ayuda para proyectos de energía limpia, o defender una financiación ilegal para centrales contaminantes e innecesarias", añadió el portavoz de Greenpeace.