Esta directiva entró en vigor el 31 de diciembre de 1992, fecha límite para que los estados miembros desarrollaran la legislación necesaria para garantizar su cumplimiento.

Greenpeace ya presentó una primera queja ante la Comisión el pasado 1 de febrero, puesto que el Gobierno no adaptó la norma comunitaria a la legislación nacional.

En aquella ocasión, las autoridades españolas argumentaron que la directiva quedaba adaptada al derecho interno através de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, del 26 de noviembre de 1992.

Sin embargo, la organización ecologista considera que esta ley no garantiza los derechos establecidos por la Unión Europea, ya que la normativa europea garantiza el acceso de toda persona a la información, sin que dicha persona esté obligada a probar un interés determinado.

Por el contrario, la ley española limita este derecho a los ciudadanos que tengan la condicón de interesados y a expedientes que correspondan a procedimientos terminados.

Por ello, Greenpeace mantiene que "el Gobierno discrimina a los ciudadanos, estableciendo cuáles tienen derecho a recibir información y cuáles no, y limita la documentación de la que pueden disponer".

Para María Luisa Toribio, portavoz de Greenpeace, "es inadmisible que un Gobierno de un Estado democrático pretenda limitar de esta forma la participación de la sociedad civil en la vida pública, elemento básico para implsar los cambios que nos lleven a una sociedad activa capaz de afrontar los retos a los que nos enfrentamos".