A juicio de Greenpeace, esta ley, que debería adaptar la directiva comunitaria que garantiza este derecho en los países de la Unión Europea, perpetúa sin embargo una situación en la que el ciudadano queda a expensas de que la Administración tenga a bien facilitarle la información que solicita.

Según la organización ecologista, gran parte de la información sobre actividades que afectan al medio ambiente y a la salud seguirá siendo un secreto ben guardado, aunque sea información básica para el trabajo de los grupos ecologistas.

"La dificultad de obtener información de las administraciones públicas", señaló María Luisa Toribio, portavoz de Greenpeace, "es más la norma que la excepción para los ciudadanos y asociaciones de nuestro país".

"Con esta ley", añadió, "el Gobierno ha vuelto a dejar clara su política de dificultar la participación ciudadana. El acceso a la información ambiental en poder de las administraciones es un derecho incustionable, no un favor que se otorga. El Gobierno parece olvidar que las administraciones públicas son financiadas por los ciudadanos y están a su servicio".