Con esa acción, la organización ecologista reclamó a Tráfico que reforme los distintivos ambientales de los vehículos, pues, según aseguró, "no son fieles a la realidad en cuanto a lo que estos contaminan y condicionan aspectos como las rebajas fiscales o el libre acceso a las nuevas Zonas de Bajas Emisiones, obligatorias en 150 ciudades a partir de enero de 2023".

Greenpeace denunció que el etiquetado actual es un “coladero” para tecnologías contaminantes, como el gas fósil (que considera "mal llamado 'natural'”), pues "disfrazan de verde la industria y confunden al consumidor".

"Cualquier vehículo (coche, furgoneta o camión) que funcione con gas licuado o comprimido disfruta del distintivo ECO de la DGT, lo que les otorga importantes beneficios fiscales y normativos. Sin embargo, los vehículos de gas liberan grandes cantidades de partículas contaminantes y peligrosas asociadas con el cáncer, el alzhéimer y enfermedades cardíacas y respiratorias, además de contribuir de manera similar que los vehículos diésel o gasolina a la crisis climática", explicó.

“PRESIONES”

El Gobierno anunció a mediados de 2020 su intención de reformar las etiquetas de la DGT. Posteriormente, las entidades ecologistas Greenpeace, Fundación Renovables, Ecodes, Ecologistas en Acción y Transport & Environment lanzaron una propuesta con la que incorporaban las emisiones de CO2 como criterio de clasificación ambiental.

No obstante, la DGT ignoró esas recomendaciones y, según las entidades ecologistas, "cedió" a las "presiones" de la industria del automóvil y "bloqueó" la reforma de las etiquetas bajo el pretexto de “acordar los criterios de etiquetado con los fabricantes”. "Una posición inaceptable que demuestra cómo la DGT diseña sus etiquetas anteponiendo los intereses de la industria del motor frente a la salud de las personas y la protección del medio ambiente", añadió Greenpeace.

Por otro lado, Greenpeace apuntó que los "fallos" del actual sistema de etiquetado ambiental también afectan a otros vehículos, como los microhíbridos, calificados como ECO a pesar de que la aportación eléctrica es mínima, o los híbridos enchufables etiquetados como 'CERO emisiones' pese a que cuentan con motor de combustión y tubo de escape.

"El Gobierno de España se comprometió a corregir los fallos de las etiquetas en 2020. Sin embargo, la DGT se ha plegado a los intereses de la industria para bloquear esta revisión, permitiendo que haya miles de vehículos contaminantes etiquetados como CERO y ECO cuando no lo son”, declaró Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace.

Francisco del Pozo, coordinador de la campaña de combustibles fósiles de Greenpeace, señaló que “la DGT se ha convertido en una agencia publicitaria de lavado verde de la industria del motor”. “Las etiquetas son solo uno de los engranajes de la inmensa lavadora con que el sector está hace pasar vehículos contaminantes como limpios", concluyó.