Ambas organizaciones aseguraron que el texto presentado por el Ministerio de Medio Ambiente entraña un riesgo potencial de rebaja de los niveles de protección de la actual Ley de Costas y quelas modificaciones en la ley podrían entrañar graves riesgos para un litoral "ya muy maltratado".

Greenpeace y el Consejo Ibérico estiman que la modificación de algunos artículos de la normativa determinaría una gestión sectorial, y no integral, de la costa, que "hasta ahora ha sido nefasta para el litoral".

Ambos colectivos entienden que los cambios producen un "gran enmarañamiento" de las competencias, que conducirían a la aparición de conflictos entre las administraciones implicadas.

Segú Eva Hernández, portavoz de Greenpeace, la organizción rechaza los cambios en la Ley de Costas porque "atacan los mismos pilares fundamentales de esta ley: defensa del dominio público costero y de su uso público, de preceptos medio ambientales y la coordinación entre la Administración de costas y la Administración Urbanística y del Registro de la Propiedad".