Los conservacionistas hicieron esta denuncia con motivo de la entrada en Bilbao del buque danés "Lass Sun", cargado con 2.232 toneladas de residuos tóxicos, con el apoyo, afirmaron, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (MOPT) y la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco.

"La actitud de las organizaciones ecologistas contrasta con la absoluta pasividad de la Administración. Debido a esa pasividad, hoy el País Vasco está contamiado con 2.232 toneladas más de residuos tóxicos", señalaron.

En un comunicado, los ecologistas señalan que esta organización ha tenido acceso a planes -que el Gobierno mantiene en secreto- para la construcción de seis incineradoras de residuos tóxicos en la península.

Estas plantas estarían situadas, según Greenpeace, en Miramundo (Cádiz), con capacidad para 30.000 toneladas; Almadén (Ciudad Real), 45.000; Monteagudo (Soria), 30.000; Cataluña, 60.000 toneladas, y costa Cantábrica, 30.000 tonelada.

Según la organización ecologista, las plantas de Miramundo, Almadén y Monteagudo están en fase avanzada y situadas en zonas alejadas de las productoras de residuos.

Respecto a la planta en la costa Cantábrica, la organización conservacionista asegura que ha podido saber que el Gobierno español mantiene conversaciones con la empresa química Dupont de Nemours para su construcción.

Según Greenpeace, el 88 por ciento de las empresas españolas que generan residuos tóxicos incumplen sistemáticamnte la Ley Básica de Residuos Tóxicos, ya que ni siquiera declaran los que generan. Sin embargo, agregan, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente no ha sancionado a ninguna empresa.

Greenpeace considera que la construcción de plantas incineradoras no garantiza el control de los residuos, sino que, al ser construidas por empresas privadas con intereses puramente comerciales, se multiplicará la importación de residuos tóxicos.