El comisario europeo de Medio Ambiente, Yannis Paleokrasas, considera que si la CE no adopta las medidas necesarias no podrá estabilizar las emisiones en el año 2000 a los niveles de 1990, tal y como habín previsto los doce estados miembros.

Las autoridades españolas hen expresado reiteradamente su oposición al impuesto energético que intentan implantar algunos países comunitarios, por considerar que no conseguirá reducir el consumo de combustibles fósiles y primará el uso de la energía nuclear, y continúan dispuestas a aumentar las emisiones de dióxido de carbono en nuestro país.

Sin embargo, Dinamarca tiene interés en que este asunto quede ultimado antes de que finalice su mandato al frente de a presidencia de la CE. Ayer, el Consejo de Ministros comunitarios alcanzó un principio de acuerdo para instaurar un sistema de vigilancia que permita estabilizar las emisiones de CO2.

La política energética que propugna la Administración Clinton y su programa de impuestos podrían terminar de convencer a los socios comunitarios de la idoneidad de gravar el uso de determinadas fuentes de energía.

A juicio de Greenpeace, "mientras el mundo se esfuerza en reucir las emisiones de CO2, España mantieneun Plan Energético Nacional cuyo objetivo es aumentarlas en un 25 por ciento".

Para Juan López de Uralde, portavoz de la organización ecologista, "España no puede seguir jugando a ser un país poco desarrollado para aumentar sus emisiones de dióxido de carbono. Hoy en día, desarrollo es sinónimo de reducir emisiones y contaminar menos".

Además, Greenpeace ha denunciado que la empresa francesa ATOCHEM, que tiene una fábrica en Zaramillo (Vizcaya) donde produce CFCs, marca al Gobierno la política qu debe desarrollar en relación a la conservación de la capa de ozono.