Según explicó hoy la ONG, la ausencia de información pública sobre el suceso impidió que se alertara a tiempo a la población y que se tomaran medidas de protección, entre ellas la de suspender la visita de alumnos de varios colegios a la central nuclear.

"Esta circunstancia, además de constituir una grave negligencia por parte de los titulares de la central, hizo que se expusiera a estos menores a un riesgo radiológico innecesario e indebido, teniendo en cuenta que no puede descartarse la existencia de niveles de radiación en el emplazamiento de la central que dieran lugar a dosis por encima de los Límites de Incorporación Anuales para el tramo de edad de los citados alumnos", señala Greenpeace.

Por esta razón, Greenpeace ha formulado más de 50 preguntas al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en relación con el vertido de radioactividad que se produjo en noviembre de 2007, a las que, según indica, "tendrá que responder en el plazo máximo de un mes".

Para Greenpeace, "el total esclarecimiento de los hechos ocurridos en relación con el suceso es fundamental para depurar las responsabilidades de los titulares de la central y, en su caso, del propio CSN".

Las preguntas tratan, entre otros aspectos, sobre el contenido de las instrucciones existentes en los procedimientos de la central, las acciones realizadas por los operarios de la misma, el diseño de los sistemas y su cumplimiento con los criterios de seguridad y las bases de diseño aprobadas o la notificación de los sucesos relevantes para la seguridad a las autoridades para informar de ello al público.

Finalmente, Greenpeace exige al CSN que "deje de minimizar la trascendencia del suceso" y "reconozca que la cantidad de radiactividad de la que hasta ahora ha hablado en sus notas de prensa sólo correspondería a las partículas radiactivas sólidas detectadas en los días anteriores a su publicación, pero de ninguna manera a la fuente total de radiación emitida al medio ambiente".