El objetivo del fondo es impedir que los pagos de multas provoquen una reducción de los recursos económicos que se destinan a las distintas campañas que realiza Greenpeace. Las ayudas se canalizarán a través de una cuenta bancaria que ha abierto la organización ecologista exclusivamente para este fin.

Según Xavier Pastor, presidente de Greenpeace, han decidido poner en marcha esta iniiativa "al ser cada vez más evidente la desproporción entre los castigos impuestos a los que luchan por defender el medio ambiente, y la impunidad con la que actúan los que lo destruyen".

Sin embargo, Pastor considera que "la creciente presión que desarrollan contra Greenpeace es sólo un síntoma de que estamos en el buen camino y está teniendo como resultado un apoyo ciudadano también creciente".

En los últimos días dos sentencias han ratificado la imposición de sanciones económicas contra la orgnización ecologista. Primero fue la Audiencia Provincial de Almeria, que ratificó la sentencia que obliga a Greenpeace a pagar un indemnización de 119.308 pesetas a Puerto Carboneras SA, propiedad de Endesa, y al pago de una multa de 10.000 pesetas por parte de cada uno de los ecologistas que participaron en una protesta contra la central térmica de Carboneras.

Unos días después la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha ratificado otra condena, en este caso por la ocupación de una planta incinerdora de basuras en Son Reus (Mallorca) en febrero de 1995.

La sentencia condena a la organización al pago de hasta 10.625.626 pesetas como indemnización a la empresa Tirme. Además, impone a cada uno de los 21 activistas juzgados una multa de 5.000 pesetas.