La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca condena a Greenpeace al pago de 10.625.626 pesetas, como indemnización a la empresa Tirme. Además, considera que los ecologistas cometieron una falta de coacciones, por lo que impone a cada uno de los 21 activistas juzgados una multa de 5.000 pesetas.

Para Xavier Pastor, presidente de Greenpeace y uno de los encausados, la sentencia "catiga a los que luchan para proteger el medio ambiente, mientras las empresas que se benefician dañando el entorno continúan con su actividad impunentemente".

Sin embargo, Pastor añadió que estas multas no supondrán un freno a las protestas que Greenpeace realiza en todo el Estado contra las incineradoras de residuos.

Según Greenpeace, la sentencia se produce en un momento en que se conocen nuevos datos sobre la capacidad de las dioxinas que se generan en el proceso de incineración de basuras paraactuar como "un contaminante hormonal, dañando gravemente la capacidad reproductiva de las especies, incluida la humana".