Según informó hoy Greenpeace, durante la acción de protesta, los ecologista descolgaron pancartas desde la chimenea y las grúas, acampando durante varios días en el tejado de la instalación.

La protesta e los ecologistas fue apoyada por vecinos y ecologistas de la isla, quienes realizaron una intensa campaña para evitar la construcción de esta incineradora, según Greenpeace.

El magistrado, pese a que lamenta tener que castigar "comportamientos y actitudes que lejos de reportar a sus autores personales beneficios materiales, son fuente de graves riesgos e incomodidades" y que "persiguen poner tasa al deterioro medioambiental", considera que los ecologistas han cometido una falta de coacciones.

Po ello, impone a cada uno de los 21 activistas juzgados una multa de 5.000 pesetas y condena a Greenpeace a indemnizar a la empresa Tirme SA con 10 millones de pesetas por los perjuicios causados por la paralización de las obras.

Greenpeace ha anunciado que recurrirá la sentencia, ya que considera que la acción de protesta llevada a cabo por los ecologistas fue "pacifista, como corroboró el propio director de la obra y en ningún caso se puede considerar que hubiera coacciones o violencia que obligará ala paralización de la obra".

La planta tratará alrededor de 300.000 toneladas de resíduos por año, de las que 200.000 procederán de la capital balear, y generará energía eléctrica que permitirá a Tirme facturar unos 1.200 millones de pesetas.

Los conservacionistas recuerdan que la incineración de residuos "es un negocio que daña gravemente la salud de las personas y el medio ambiente, debido a la elevada toxicidad de las emisiones a la atmósfera, de las cenizas, escorias y otros resíduos que prodce".