“Es bueno que tal y como pedíamos, las bonificaciones actuales se mantengan para no comprometer los beneficios que se han conseguido. Ahora es fundamental que se avance hacia una política tarifaria que sea estructural y que esta transición se realice de manera ágil y efectiva, con el mínimo coste para las personas usuarias”, indicó a través de un comunicado Cristina Arjona, coordinadora de Movilidad de Greenpeace España.

Las ayudas a los viajeros en transporte público comenzaron en 2022 para impulsar esa manera de moverse tras la pandemia de covid-19 y, según Greenpeace, han aliviado la economía de los hogares en un contexto de inflación.

Greenpeace instó al Ministerio de Transportes a encontrar fórmulas que garanticen una política tarifaria estructural y permanente que permitan que el transporte público sea asequible, accesible y útil para la ciudadanía.

ABONO ÚNICO ASEQUIBLE

La propuesta de ONG es un abono único asequible con el que la ciudadanía paga una tarifa plana asequible que permite a las administraciones públicas mejorar la oferta y la calidad del servicio, con el fin de fomentar la intermodalidad y que permita desplazarse fácilmente por todo el país usando distintos medios sin complicaciones.

Además, Greenpeace apostó por avanzar hacia una mejora de la calidad y oferta del transporte público con objetivos como aumentar las frecuencias y mejorar la puntualidad, el tiempo de viaje y la fiabilidad como alternativa viable al coche privado y conseguir que se utilicen modos de moverse menos contaminantes.

Greenpeace recordó que un 30,7 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en España proceden del sector del transporte. “Conseguir un traspaso del vehículo privado al transporte público es fundamental para alcanzar los objetivos de neutralidad climática cuanto antes y garantizar una mejor calidad del aire y, por tanto, en la salud de las personas y el planeta”, concluyó.