La organización ecologista anunció que perseverará en sus esfuerzos para que la justicia detemine quiénes fueron los responsables del vertido contaminante, tanto de las diferentes administraciones como de la compañía minera sueca.

Greenpeace considera lamentable que tres años después el caso se encuentre archivado, cuando se trata de la mayor catástrofe ambiental ocurrida en España.

"La compañía Boliden-Apirsa tiene la obligación de correr con los gastos derivados de los daños causados y pagar los costes relativos al vertido ocurrido en 1998, y la Administración debe velar por el derechode los ciudadanos a un medio ambiente limpio, impidiendo que el caso se archive y quede impune", afirmó Mario Rodríguez, responsable de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace.

Por otro lado, la organización ecologista denunció que lo ocurrido en Aznalcóllar podría repetirse en cualquiera de las 743 balsas que acumulan a la intemperie más de 213 millones de metros cúbicos de residuos peligrosos.