La organización tuneó uno de sus murales principales, donde se leía ‘El Pozo por el medio ambiente’ y cambió el texto por ‘El Pozo mata el medio ambiente”, ya que, según Greenpeace, se trata de “la empresa cárnica con las macrogranjas más contaminantes de España”.

Con mensajes como ‘#MacrogranjasNO, moratoria ¡YA!’, activistas y escaladores de la organización ‘tomaron’ distintas zonas de las instalaciones para poner en evidencia que El Pozo es “la empresa que en España más se está beneficiando del destructivo negocio de las macrogranjas”.

Asimismo, pidieron una reunión para pedir a la compañía que no abra nuevas macrogranjas ni amplíe las existentes y que desarrolle un plan de reducción del número de animales explotados como “única forma eficaz de reducir el brutal impacto ambiental de la marca”.

“Antes de venir, hemos pedido información a la empresa sobre sus medidas de protección ambiental y su respuesta es irrisoria. No podemos permitir que empresarios como el señor Fuertes, que factura más de 1.000 millones de euros al año, se hagan multimillonarios a costa de envenenar el agua y comprometer la salud del planeta”, indicó Luís Ferreirim, responsable de la campaña de agricultura y ganadería de Greenpeace España.

Ferreirim añadió al respecto: “Entendemos que esta instalación da trabajo, y respetamos a la plantilla, pero la única verdad es que cada vez hay menos ganaderos en el país porque todo queda en manos de menos familias que crían ingentes cantidades de animales para alimentar el negocio de unos pocos”.

“GRAVE RIESGO SANITARIO”

Según reportó El Pozo en 2018, sus líneas de producción procesan un millón y medio de kilos de carne al día, lo que supone “un daño ambiental insostenible”, según Greenpeace. La empresa facturó 1.278.781.337 euros en 2020.

CEFU, S.A., la rama productiva del Grupo Fuertes, según pudo averiguar Greenpeace a través de las autorizaciones ambientales integradas, cuenta con 29 explotaciones propias, tres en Andalucía, 12 en Murcia y 14 en Castilla-La Mancha, además de cerca de 700 integradas, según información de la propia empresa.

“España no es precisamente un país al que le sobre el agua y la ciencia ha advertido que cada vez tendremos menos. Sin embargo, empresas como El Pozo, lejos de respetar este recurso vital, lo están contaminando irreversiblemente, exponiendo también a toda la población a un grave riesgo sanitario”, indicó Greenpeace.

Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el sector agrícola fue el único que incrementó sus emisiones en 2020 y es ya el tercero que más contribuye a la crisis climática, en gran medida debido al incremento de las emisiones del sector ganadero. El sector agrícola es el responsable del 63% de las emisiones totales de metano y la ganadería, del 98% de éstas.

32 MILLONES DE CERDOS

España contaba en 2020 con 32 millones de cerdos tras un incremento de un 21,5% en cinco años. El Gobierno reconoció que la contaminación media por nitratos aumentó un 51,5% entre 2016 y 2019. La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplimiento de la Directiva de Nitratos, lo que podría terminar en una multa millonaria.

“La connivencia entre empresas y administraciones nos deja a todas las personas vendidas, en una situación de total indefensión. Ante la falta de controles, la semana pasada, Greenpeace lanzaba un informe recopilando las mediciones voluntarias de nitratos elaboradas por entidades de todo el país y los datos son demoledores: más de la mitad de las aguas subterráneas analizadas por la Red Ciudadana de Vigilancia están contaminadas por nitratos. Hacen falta medidas valientes, contundentes y que se adopten con carácter de urgencia”, recalcó Greenpeace.

Entre esas medidas están establecer de inmediato una moratoria a la ganadería industrial de, al menos, cinco años (ni explotaciones nuevas ni ampliaciones de las existentes), desarrollar un plan para la reducción progresiva de la cabaña ganadera en intensivo hasta alcanzar un 50% menos en 2030 y fomentar y adoptar la ‘dieta de salud planetaria’ que lleve a una reducción drástica del consumo de carne hasta alcanzar un máximo semanal de 300 gramos a la semana por persona, así como de los demás alimentos de origen animal.

“No podemos permitir que empresas como El Pozo sigan extendiendo sus tentáculos por todo el territorio español. En un contexto de crisis ambiental planetaria urge, más que nunca, una moratoria a la ganadería industrial. Además, la ciudadanía podemos actuar con nuestra alimentación, reduciendo el consumo de carne y apartando de nuestro plato los productos que provienen de macrogranjas”, concluyó Ferreirim.